EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES N° 01 – Las Escuelas de JM de la SOTA

Por Favor, No Trabajen Más Para Nosotros !!!

Hablando Claro – 2008 (parte 1)

OCTUBRE 2024
La presente publicación, a la que pretendo darle continuidad mensual, es una forma de dejar testimonio sobre una series de textos de mi autoría, otros en colaboración y participación en los medios que a lo largo del tiempo resultaron consecuencia de acontecimientos que despertaron mi interés por las características de los mismos.
Temas que se circunscriben a Córdoba, provincia y municipio y que están fuertemente ligados a lo que más conozco: la Arquitectura y el Urbanismo pero que no se sorprendan si me remito a otros que en su momento me marcaron.
Para quienes me conocen saben cómo pienso y actúo, para los que no puede que no sea de su agrado. No pretendo quedar bien con nadie, solo dejar testimonio.
Elegí un título que acompañaran las sucesivas publicaciones y que paso a explicarlo:
El Principio de Arquímedes es uno de esos principios, que como el principio de la relatividad, han marcado la historia de la humanidad. Establece que un objeto que se sumerge en un fluido experimentará una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido que es desplazado por el objeto. Por lo tanto, cuando un objeto se sumerge en un fluido, desplaza una cantidad de ese fluido que es igual a su propio volumen. Por ejemplo, si sumerges una pelota de golf en un vaso de agua, la pelota de golf ocupará el lugar de una cierta cantidad de agua, que será desplazada por la pelota. Este desplazamiento del agua hace que el nivel del agua en el vaso se eleve. Así, al sumergir un objeto en un fluido, este desplaza una cantidad de fluido que genera una fuerza conocida como «fuerza de empuje». https://n9.cl/rdtkt6
Para esta secuencia de entregas, para el título que las acompañarán, asimilé el Principio de Arquímedes porque los textos ofrecidos demostraran que si nos sumergimos en determinados temas, por caso aquellos que se identifican con el poder y la corrupción, algo resulta desplazado.

ÍNDICE
LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS (Y NEGOCIADOS) DE DE LA SOTA
POR FAVOR, ¡¡¡NO TRABAJEN MÁS PARA NOSOTROS !!!
MI COLUMNA EN “HABLANDO CLARO”
LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS (Y NEGOCIADOS) DE DE LA
SOTA
El proceso que envolvió al llamado a licitación y la posterior construcción de las 200 Escuelas me motivó para elaborar una serie de documentos dadas las irregularidades que en forma evidente trascendían a la esfera de gobierno. Mi amigo Lázaro Llorens toma conocimiento de los mismos y luego de su lectura produce el presente documento, al que le suma su conocimiento sobre el tema y cualidades escribiendo. Por esta circunstancia me suma a la autoría del mismo. Se publica en la web de stripteasedelpoder allá por el 2005.
La corrupta trama que envuelve la construcción de las 200 Escuelas de De
la Sota
Por Arquímedes Federico* y Lázaro Llorens
Algunas universidades como la Católica en Córdoba y la de Harvard en Estados Unidos cuentan con un curso llamado «Escuela de negocios», en el que a través de las finanzas y el marketing se enseña a hacer buenos y grandes negocios, lógicamente para beneficio privado. En Córdoba en el ámbito gubernamental parece funcionar algo parecido, que podría denominarse los grandes «Negocios con las escuelas» cuyo afamado director es el gobernador José Manuel De la Sota. Por más que éste califique a la construcción de las 200 nuevas escuelas como «emblemática, realizada en tiempo récord, construida con gran eficacia y austeridad en el destino de los fondos públicos», investigaciones y denuncias, incluso algunas realizadas la Fiscalía Anticorrupción (de escasa resonancia en la prensa cordobesa, que llena buena parte de sus espacios con propaganda oficial promocionando estas «emblemáticas» obras), demuestran que ellas ni se hicieron en tiempo récord, y muchos menos fueron austeras, apareciendo en realidad las 200 nuevas escuelas como un gran negociado, en base al cual las empresas «amigas» de Unión por Córdoba, entre las que se destacan Electroingeniería, Astori, y las constructoras de Soldati y Macri, se alzaran con enormes contratos de cientos de millones pesos, que fueron obtenidos por la provincia mediante créditos internacionales en moneda dura, que deberán ser afrontados en un futuro por todos los cordobeses.
Las primeras «100 nuevas escuelas» costeadas en base a un caro
crédito público
En el año 2000, en medio de una profunda recesión económica que llevaba más de dos años, el Gobierno de Córdoba propuso licitar y construir en tiempo récord «100 nuevas escuelas»: El financiamiento para estas obras provino de un préstamo de 150 millones de pesos/dólares que la empresa Tecsa, controlada por el Crédit Suisse – First Boston de David Mulfordt, le concedió a la provincia, a cambio de privatizar a favor de ésta la cobranza de la moratoria y las deudas no consolidadas por el Fisco. Dichos bancos que fueron los autores del megacanje (que algún chuzco denominó “megarcaste), eran socios del Banco General de Negocios de los hermanos Rhom, que terminaron presos y con su banco liquidado, acusados del vaciamiento del mismo, y a quién el gobernador De la Sota estuvo a punto de entregarles el Banco de Córdoba que pensaba privatizar, junto con EPEC. O sea que el plan de gobierno de De la Sota se basaba en realizar grandes obras en base a la liquidación del patrimonio de los cordobeses, ya sea en cuentas a cobrar, o del remate de sus empresas estatales. Con ese crédito negociado a una elevada tasa del 12,5 % anual y que actualmente se está pagando en dólares pese a la pesificación, la provincia le compro además a FIAT, empresa de la cual De La Sota fue abogado y su entonces ministro de la Producción y actual gobernador Juan Schiaretti gerente financiero, 1.200 automóviles «Siena» que hoy la mayoría se encuentra fuera de servicio o en deplorable estado, canalizando así la plata recibida en préstamo a los viejos amigos.
Con un presupuesto oficial de 64 millones de pesos/dólares por 182 mil m2, a razón de 345 el m2, costo medio que en ese tiempo tenían este tipo de construcción, y un plazo de siete meses (210 días calendarios) para la ejecución del total de las obras, el gobierno hizo en marzo del 2000 un llamado a licitación por «proyecto y precio» para la construcción de las 100 primeras escuelas, que en realidad fueron 127 en 94 lotes. La modalidad «proyecto y precio» implicaba que una » apertura de sobres» de doble instancia, en la que el gobierno primero seleccionaba quienes serían las empresa pre-adjudicatarias, en base a criterios más subjetivos que matemáticos, mediante analizar el proyecto de escuelas que cada empresa proponía, para posteriormente recién abrirse el sobre en donde constaba el precio que cobrarían para ejecutarlo.
Para el conocedor es obvio que desde el principio algo olía mal, dado que esa original modalidad de «proyecto y precio» no era la mas adecuada, siendo lo convencional realizar un concurso de anteproyectos y luego tras
seleccionar un ganador, hacer un llamado a las empresas para que oferten. Extrañaba también la obstinada intención del Ministerio de Obras públicas de adjudicar semejante obra a una sola empresa, cuando por la inestabilidad económica lo razonable en todo caso era fraccionarla para que las mismas no recayeran en una sola empresa adjudicataria, que podía tener complicaciones, quedando así el destino de todas las escuelas atados a la suerte de una sola empresa. Y por último se cuestionaba también el cortísimo plazo de siete meses impuesto en los pliegos por el gobierno, pese a que iba a ser ejecutado por una sola empresa, cuando la lógica aconsejaba que si ese corto plazo era indispensable, lo mejor era distribuir las obras en múltiples empresas, para producir una mancomunión de esfuerzos.
Todos estos pormenores, insignificantes para el hombre común alejado de los negociados que siempre han envuelto a las licitaciones públicas, le hacían sospechar de entrada a los entendidos que la licitación estaba «armada», o sea direccionada con el fin de favorecer a determinadas grandes empresas; inflando los precios, ya que obras grandes en corto tiempo implican costos elevados; y condicionando la tecnología a emplear, ya que el cumplir plazos tan breves, obligaba a emplear grandes premoldeados de hormigón, siendo sus únicos fabricantes en Córdoba las firmas Astori y Pretensa.
Una licitación sospechosa y conflictiva.
Estas sospechas pronto se vieron confirmadas cuando el Registro de Constructores, el organismo de la Provincia que determina si las empresas participantes en una licitación cuentan con capacidad técnica y financiera para ejecutar la obras, elaboró un informe que descalificaba a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) CPC-Electroingeniería, por no contar con los antecedentes en obras civiles suficientes y tener una dudosa solvencia financiera. Esto fue corroborado posteriormente por los hechos, al haber la UTE CPC-Electroingeniería. subcontratado el 95% de las obras, que es lo máximo permitido por la ley de Obras Públicas, y al haber incumplido con el pago a las empresas subcontratadas, pagándoles con cheques a fecha que obligaron a las Pymes a descontarlos en los bancos, usando sus activos como avales, quedando miles de ellos sin pagar por carecer de fondos.
Los autores de ese informe, la arquitecta Laura Inés Baggio, Jefa de división del Registro de Constructores y el empleado Carlos Andrada, denunciaron que recibieron presiones y amenazas, y que Mario Raúl Neira el jefe de Los autores de ese informe, la arquitecta Laura Inés Baggio, Jefa de división del Registro de Constructores y el empleado Carlos Andrada, denunciaron que recibieron presiones y amenazas, y que Mario Raúl Neira el jefe de sección de ese organismo que calificó positivamente a CPC-Electroingeniería para 5
que participara en la licitación, se basó en datos fraguados. Ante la aparición de estos cuestionamientos, en junio del 2000 el entonces Fiscal de Estado Domingo Carbonetti, y el ministro de Obras Publicas Carlos Caserío, entraron decididamente en acción, e intervinieron el Registro de Constructores; suspendiendo a todo el personal incluidos los ordenanzas y abriendo un sumario contra la Arq. Laura Baggio y el “Negro” Andrada, que fueron trasladados a otras dependencias.
Trascartón, al margen de la normativa vigente, y obviando lisa y llanamente el Registro de Constructores, el fiscal Carbonetti ordenó la contratación de una auditoría externa para calificar a la UTE CPC-Electroingeniería. Fue conformada por el Presidente del Colegio de Arquitectos, Arq. Raúl Lerda; el Arq. Juan C. Fontan , vicepresidente de esa entidad, y el entonces Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Soro Martínez, quienes a pesar de no tener legalmente asignada esa función, por supuesto, calificaron positivamente a la afortunada UTE cuyas vicisitudes parecían desvelar a Carbonetti, mostrando así la pata de la sota de quién se interesaba por ese negocio.
El caballo del comisario CPC-Electroingeniería
De esta manera un mes después de aquella intervención, el 19 de julio del 2000 la UTE CPC -Electroingeniería S.A, fue agraciada con la adjudicación o la construcción de las «100 nuevas escuelas». Ella estaba conformada por Comercial del Plata Construcciones, firma propiedad del empresario ultramenemista Santiago Soldatti, viejo integrante de la «patria contratistas; y Electroingeniería S. A empresa especializada en el montaje de sistemas eléctricos, de experiencia nula en la construcción de obras civiles, y que entre sus antecedentes figura haber sido contratista del «monumento a la corrupción» que fue Yaciretá.
A pesar de que por ese tiempo el ministro Carlos Caserio afirmaba que las ofertas de las ultimas licitaciones públicas cotizaban por debajo del precio oficial, en este caso específico eso no se dio, ya que la oferta por la cual CPC- Electroingeniería se adjudicó las obras fue de 84 millones de pesos/dólares contra los 64 millones del presupuesto oficial, a razón de 437 pesos/dólares el m2 por 192.087 m2 adjudicados. Si bien esta cotización contemplaba la edificación de 10 mil m2 más a los requeridos en los pliegos, este aumento estaba más que compensado con los 20 millones de pesos que CPC- Electroingeniería cotizó sobre la oferta oficial. Es decir que por un aumento del 5% de la edificación, se pagó un 25 % más, desmintiendo los dichos de Caserio, que otorgó dicha adjudicación y que al retirarse de sus funciones ministeriales fue premiado con un facón de plata por la Cámara Argentina de la Construcción Córdoba, uno de cuyo vocales es el ingeniero Osvaldo Acosta presidente de Electroingeniería S.A.
El diario «La Voz del Interior» señaló al respecto que la oferta de CPC- Electroingeniería no era las más barata, si no la tercera más cara, habiendo presentado cotizaciones más baratas Ormas (vinculada con angelocismo e implicada en el «Caso Maders); y Obrascon Huarte de capitales españoles, habiendo sido sus ofertas fueron desestimadas por el Gobierno porque sus proyectos «no convencían», conforme la modalidad «proyecto y precio»; mostrándose esta modalidad en la realidad como una triquiñuela para garantizar en la subjetiva etapa del «análisis del proyecto», que la empresa adjudicataria no fuese otra que CPC- Electroingeniería, asegurando de esta manera la llegada del caballo del comisario a la meta.
La aparición de la otra empresa amiga de Unión por Córdoba: Astori
Estructuras.
Como se dijo, los siete meses previstos por el gobierno de plazo de ejecución, que como se verá más adelante fue sistemáticamente incumplido por CPC-Electroingeniería, además de direccionar las obras hacia las grandes empresas y elevar el precio de ellas, direccionó también respecto el sistema constructivo que debía ser empleado, sobre todo en lo relativo a la construcción de muros y techos, que necesariamente tenían que ser con estructuras premoldeadas, dado que la edificación clásica de ladrillo sobre ladrillos o bloques no permitía cumplir con los plazos estipulados. En Córdoba los dos únicos proveedores de ese sistema constructivo (cuyo uso para edificios públicos ha sido cuestionado en algunos países de la Unión Europea, por considerar que las estructuras premoldeadas por las constantes tensiones y fatiga de los materiales son proclives a colapsarse ante un sismo), son Pretensa y Astori Estructuras; estando esta ultima inhabilitada para participar en cualquier tipo de licitación pública en la provincia por ser deudora del Banco de Córdoba en la categoría de incobrable, motivo por el cual fue eliminada del registro de proveedores de la provincia.
Si el caballo del comisario era CPC-Electroingeniería, se puede decir entonces que su montura era Astori, dado que el diseño de las estructuras que propuso en su proyecto y que finalmente se ejecutó, era el de Astori, firma de la cual Juan Schiaretti fue Gerente Financiero entre 1985/1989 y
que fruto de la recesión económica estaba virtualmente parada y en quiebra. Esto significaba que al elegir el gobierno en la primera apertura de sobres, en la famosa instancia de «análisis del proyecto» a CPC- Electroingeniería SA, a su vez estaba eligiendo a Astori Estructuras, que como no podía ser un proveedor directo de la provincia, aparecía ahora como proveedor de CPC- Electroingeniería.
La construcción de las primeras cien escuelas con premoldeados, le permitió a Astori embolsar más de 30 millones de pesos/dólares, o sea el 30 % del total del presupuesto destinado, enderezando así milagrosamente la gravísima situación económica en que se encontraba, poniendo sus fábricas y talleres a trabajar a full, y viéndose incluso obligada a derivar trabajos a su competidora Pretensa, empleando una reducida dotación de mano de obra no calificada. Pero a su vez en un contexto social donde el desempleo alcanzaba (y alcanza) porcentajes inusitado, el requerir el sistema Astori por parte del gobierno de De la Sota, significó la exclusión de centenares de albañiles, oficiales mayor de obras, arquitectos, changarines, que engruesan las cifras del INDEC como desocupados, que habrían conseguido empleo si los muros y techos se construían con el método tradicional del ladrillo, y en un plazo razonable. El gobernador De la Sota se olvidó así del concepto de maximización de la mano de obra que debe regir en la obra pública en un contexto de hiper desempleo, habiéndose dado el lujo de utilizar a la obra pública en un sentido inverso al que está escrito en todos los manuales de economía: la empleó no para promover más empleo, si no para concentrarlo en beneficio de las empresas amigas de su gobierno.
Las artimañas de CPC- Electroingeniería: irregularidades en los plazos
y reajustes presupuestarios
Si antes y durante la licitación algo se olía mal en ella, posteriormente la ejecución de las obras confirmaría que todo venia muy podrido. Según lo estipulaba el contrato firmado con el gobierno, CPC- Electroingeniería debía entregar totalmente terminadas las obras a mediados de febrero del 2001,
debiendo de contrario por cada día de demora abonar una multa. Para esa fecha se llevaban construidas 42 escuelas, menos del 50% del total, aduciendo CPC- Electroingeniería al respecto que el gobierno no le había entregado los terrenos en fecha, o que en algunos en debió hacer grandes rellenos o desmontes; excusas que de ser ciertas, por un lado mostraba la irresponsabilidad del Gobierno de la Provincia, de adelantar grandes sumas de dinero a tontas y locas a una empresa, para que ésta edificara en un terreno que todavía no disponía; y por otro la irresponsabilidad de CPC-Electroingeniería, que no había hecho los estudios topográficos correspondientes de cada uno de los terrenos donde iban edificarse cada escuela, estudio imprescindible al momento de hacer un presupuesto por ajuste alzado, como era la modalidad de la licitación.
¿Que hizo De la Sota al respecto? Mediante el decreto 875/01 le prorrogó a CPC-Electroingeniería por 180 días el plazo de ejecución, o sea casi un 100% más que el plazo original; y como premio a sus incumplimientos, a pesar de que la obra se adjudicaba por «Sistema de Ajuste Alzado» (en el que a cambio de recibir un monto global de 84 millones/dólares, CPC- Electroingeniería se obligaba a ejecutar todos los trabajos necesarios para finiquitar totalmente las obras, sin que necesariamente estuvieran especificados en la documentación), el gobernador autorizo un pago adicional de 12 millones de pesos/dólares a favor CPC-Electroingeniería, elevando el costo total de la obra a casi 96 millones, a razón de casi 500 pesos/dólares el m2.
En el año 2001 a pesar de la prórroga concedida, las primeras cien escuelas seguían sin terminar. Sin embargo el gobernador De la Sota ya comenzaba a hablar de la construcción de otras «100 nuevas escuelas» que finalmente también quedaron en manos de Electroingeniería, sin haber terminados las primeras cien. Previo a esto, mediante el decreto el 2819/01 emitido en noviembre del 2001, sin hacer mención de los plazos no cumplidos por la empresa, De la Sota ordeno el pago de otros tres millones de pesos/dólares a CPC-Electroingeniería, en concepto de «trabajos modificatorios»; elevando así a 99 millones de pesos el costo total de la obra, a razón de 513 pesos/dólares el m2, cuando el presupuesto oficial contemplaba un costo de solo 345 pesos/dólares el m2. Esto significaba un aumento de casi un 50 % sobre lo previsto, con el cual se podrían haber construido 50 escuelas más.
Según afirma el grupo de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, que asesoró al diputado Eduardo García en la confección de un informe donde se exponían todas estas irregularidades, que fue entregado el ex fiscal anticorrupción y actual intendente Luis Juez, por las primeras «100 escuelas» que recién fueron terminadas a fines de noviembre del 2002, casi dos años después de lo estipulado en el contrato, el pueblo de Córdoba terminó pagando 150 millones de pesos es decir un 80 % más que lo cotizado originalmente por CPC-Electroingeniería, y casi un 135% más sobre el presupuesto oficial.
Adicionales con dudosos justificativos y la estafa a las Pymes
subcontratadas.
A modo ilustrativo se exponen algunos de los rubros con que De la Sota justificó mediante distintos decretos el pago de 15 millones de pesos/dólares adicionales a favor de CPC-Electroingeniería. Entre otras cosas, violando la ley de obras públicas se construyeron dos nuevas escuelas no previstas en los pliegos, adjudicadas en forma directa a CPC-Electroingeniería, cuando correspondía por el monto de la obra 4,5 millones de pesos/dólares hacer un nuevo llamado a licitación. Además las mismas, de un promedio de 2.150 m2 cada una, tuvieron un elevadísimo costo de $ 1000 pesos/dólares el m2, cuando como se dijo el costo base era de 345 pesos.
Como «adicionales» se pagaron también 33.362 pesos en timbres y 66.227 en pizarrones, con lo cual estos supuestos establecimientos «modelos totalmente equipados y enfocados hacia las necesidades educativas del siglo XXI» como los consideraba De la Sota, no contemplaban timbres ni pizarrones. Tampoco pesar de tratarse de edificios públicos, se habían previsto sistema de iluminación de emergencia, por el cual se añadieron otros 33.362 pesos. Por rellenar el terreno donde había una pileta de natación y extraer 27 árboles se adicionaron otros 98.394 pesos: Para aumentar el ancho de las columnas para que se pueda estampar el logo «Córdoba, corazón de mi país» otras 16.085 pesos; finalmente por vigilancia de las obras, a pesar de que los pliegos claramente establecían que corría por cuenta del contratista, se añadieron 1.609.779 pesos más.
Y pese a que CPC-Electroingeniería cobro regularmente y en efectivo los 84 millones de pesos estipulados en el contrato, más los 15 millones «adicionales», alterando el refrán «come y deja comer» de los depredadores de la obra pública, por el de «come y no dejes comer a nadie», incumplió totalmente con el pago a decenas de pequeñas y medianas empresa, quienes como subcontratistas habían hecho grandes esfuerzos humanos y financieros para construir las escuelas por las que CPC-Electroingeniería embolsaba puntualmente grandes sumas de dinero; maniobra que repitió en las obras de repavimentación de avenidas e iluminación que le adjudicó en el año 2001 la Municipalidad de Córdoba a cargo de German Kammerath.
Fue así como muchas Pymes subcontratistas se fundieron y fueron a la quiebra por culpa de CPC-Electroingeniería, y otras debieron afrontar embargos, causas judiciales, perdidas de bienes y otros quebrantos, aceptando algunas cobrar en bonos Cecacor correntinos, Lecor cordobeses, maquinas prendadas o bienes inmuebles, mientras otras se quedaban con las manos vacías por los cheques “voladores” sin fondos emitidos por CPC- Electroingeniería. El Banco Central registró más de 1400 de estos cheques,
sin contar la gran cantidad de “certificados de obras” que emitió y no pagó. Esto motivo el reclamos airado de muchas Pymes ante el gobierno, a lo que este respondió que como el contrato era entre privados debía resolverse la cuestión en la justicia, o sea mediante un interminable juicio civil o comercial de final incierto.
Esto, una política de CPC-Electroingeniería de tierra arrasada, también se reflejó en la falta de Registro en tiempo y forma de las obras ante los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores, evadiendo los aportes profesionales en la Caja de Jubilados respectiva. Tampoco la empresa efectuó registros de las obras en los distintas municipios donde se edificarían las escuelas, ni otros organismo correspondientes, quedando como una ironía las palabras que pronunció el ministro de Obras Públicas Carlos Caserío en la apertura de los sobres para la licitación; «vamos a ser inflexibles a la hora del control». Toda la auditoria de las obras quedo supeditada al OCPIF (Organismo de Coordinación Programación y Financiamiento) a cuyo cargo está también el administrar los 430 millones de dólares de los préstamos otorgados por el BID, de los cuales 90 millones de dólares se destinaron a la construcción de las segundas «100 nuevas escuelas». Cabe recalcar que el titular del OCPIF Horacio Miro fue investigado en el 2002 por el actual intendente Luis Juez, cuando se desempeñaba como Fiscal Anticorrupción, por el irregular manejo de fondos por parte de las consultoras internacionales que debía intervenir en los créditos del BID, enriquecimiento ilícito, y por la presunta ligazón de Miró con unas de esas consultoras, costándole esto el puesto al actual intendente, que fue rápidamente despedido de su cargo a los pocos días de emprenderlas.

POR FAVOR, ¡¡¡NO TRABAJEN MÁS PARA NOSOTROS !!
El tamaño de la ciudad, su magnitud demográfica, su sistema de actividades, está determinado por su conjunto de relaciones. No es un hecho casual que cuando el tamaño demográfico de la ciudad no encuentra posibilidades proyectivas suficientemente fuertes, la sociedad identificada en aquel lugar, de alguna manera se deprime: culturalmente se estanca o económicamente no halla posibilidades expansivas; entonces pasa a niveles económicos más bajos que derivan en niveles culturales también más bajos, formando una cadena de retrocesos. Ing. Lázaro Devoto. 1968.
El transporte en la ciudad de Córdoba es, desde mediado del siglo pasado, un problema casi permanente.
Repasando nuestros recuerdos veremos imágenes de tranvías y grandes ómnibus plateados con una enorme V azulada en el frente. Estos últimos paraban inexorablemente en la plaza San Martín como una forma de comunicar todos los puntos de la ciudad y propiciaba, en cada primavera, un contrariedad entre pasajeros y golondrinas que por largos años estás ultimas
ganaron hasta que un día cansadas de tantos ataques no nos visitaron más. En esa época el turismo no era prioritario.
Todo funcionaba bastante bien. Eran otras épocas y otros los sueños. Ómnibus, tranvías, taxis y un parque automotor relativamente poco conflictivo (aunque con muchas «pumarolas») garantizaban respuestas aceptables.
Pero de a poco las cosas comenzaron a cambiar.
Así cómo la incapacidad de los funcionarios obligó a privatizar el servicio de ómnibus que se nutrió de unidades Leyland, Mercedes Benz (brasileros) y Ford (los loros) y a través de cooperativas pasó a manos de los propios choferes, el tranvía (Rogelio Nores Martínez mediante) sufrió de una muerte 12
brusca una noche de octubre de 1962 sin aviso previo y sin ningún homenaje. En 1930 circulaban en Córdoba 130 tranvías eléctricos sobre 84 kilómetros de vías. Hoy, a modo de estatua, se expone en el Museo de la Industria (inglesa?) uno que creo nunca circuló por Córdoba.
Entonces nuestros funcionarios empezaron a explicarnos que estaban trabajando para nosotros.
Aquellas primeras decisiones marcaron toda una política en el tratamiento del problema que se ha extendido hasta nuestros días con acciones cada vez más disparatadas e influenciadas por intereses económicos por encima del interés común.
Siempre hubo que reformular el modelo que otro había implementado. Cambiaron los nombres, los colores, los modelos, las letras por números o ambos a la vez, las paradas, los intendentes, interventores, funcionarios, concejales, empresarios. Todo cambió. Nunca para bien. Pero trabajaban para nosotros.
Hasta la misma ciudad fue cambiando y no fue un dato menor.
Un buen día apareció el trolebús. Dijeron que eran a cambio de maní. A este se lo comieron y a aquel lo seguimos conservando. En verano por un boleto te daban servicio adicional: sauna, quizás como anticipo de otras disparatadas soluciones y propuestas. El problema eran los vidrios fijos. Eran para clima frío. Nadie se había dado cuenta.
Con el tiempo le cambiaron el color y le pusieron vidrios corredizos. Lo concesionaron. El consumo eléctrico fue motivo de algunos chispazos. No se sabe cuánto pagamos de electricidad. De 6 líneas sólo se instalaron 2 y una nueva serie de molestas columnas irrumpieron en la imagen de nuestra ciudad. Se seleccionaron chóferes mujeres. No era una decisión de mercado. Era para romper con los paros de los muchachos de UTA. Pero después cada uno tuvo su propio paro. Y seguían trabajando para nosotros.
Al trolebús se le quiso sumar el tren. Como las vías ya las teníamos, había que usarlas. No importaba mucho por donde pasaban. Se hicieron obras como el viaducto de la Vélez Sarsfield para que no «chocaran» el tren y el trole. Nunca van a chocar. Ninguno de los dos pasa por allí. Las vías? mal. No servían más y si no que cuenten los que acompañaron al difunto Mestre en el viaje de prueba. Algunos todavía siguen a los saltos. Una mala idea. Sueños de escritorio. Improvisación.
O como la de aquel interventor municipal que un fin de semana y como consecuencia de una nueva reestructuración del sistema de transporte
público hizo poner los postes de las nuevas paradas tratando de armar un aro alrededor del caso chico para que los ómnibus no entraran a éste con las consiguientes ventajas. El lunes siguiente (día de la inauguración) ya no estaba más en su cargo. Por supuesto, los postes? . . . bien, gracias. Fue a fines de los 60, cerca del Cordobazo.
Más acá en el tiempo apareció un
nuevo habitante en la ciudad: el cospel. Se invocaron razones de seguridad. Como robaban a los choferes había que buscar soluciones inteligentes. Después lo mismo lo asaltaban. En lugar de plata los «muchachos» se llevaban cospeles. Así de simple.
Por supuesto, para que el negocio cerrara el cospel también había que privatizarlo. Pero para que no se creyera que había algo turbio, la
Municipalidad se reservó «el control» a través de una máquina que envasaba los cospeles como una tira de aspirinas. Pero esto también fracasó. Parece que los muchachos encargados de la tarea cuando barrían los cospeles que se «caían» al suelo no iban a parar a «la basura». Entonces también se privatizó el envasado.
Se seguían armando «negocios» a costa del que pagaba el boleto: el usuario.
Ni hablemos del buen negocio que resultó la concesión del cospel. Todavía recuerdo al entonces Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Ing. Bravo tratando de explicar en una entrevista por radio Universidad que el costo de la concesión era mínimo. Claro, se olvidó de un cero en la cifra. Los periodistas (algo lentos) se avivaron como a los 10 días. Ya era tarde. Pero trabajaban para nosotros.
También el avance tecnológico nos fue quitando ilusiones. Se decidió que el boleto lo emitiera una pequeña maquinita colocada en el mismo ómnibus y entonces nos quedamos sin los capicúas. Chau coleccionistas. Moría otra ilusión.
Después vino la inflación y la hiper. Acá el negocio mejoró y se perfeccionó.
Pero algunos se avivaron y comenzaron a invertir en cospeles esperando el aumento de boleto. Entonces se inventó un segundo cospel: el troquelado. Pero el negocio financiero ya estaba hecho. También apareció la tarjeta magnética.
Primero un modelo que se descartó porque producía más demoras y contratiempos que beneficios. Después perfeccionaron el modelo y resultó la que hasta nuestros días sobrevive.
Todas «ventajas» para el usuario. Pero el negocio seguía siendo de unos pocos y los funcionarios trabajando para nosotros.
También la inflación trajo otro habitante: la polinómica. La fórmula secreta. Típica conducta de hechiceros. Todos la invocaban. Nadie la conocía. Hasta resistió a la propia Convertibilidad.
Cuando los números de no daban, se encerraban y hacían funcionar la polinómica y alumbraba un nuevo precio de boleto. Así el 1 de abril de 1991 (cuando nacía la Convertibilidad) el mismo valía 31 centavos, cuando murió el precio era 80 centavos.
Es muy curioso porque entre el nacimiento y la muerte los precios en dólares (ómnibus, repuestos, cubiertas) bajaron. Por lo tanto los seguros, la amortización, etc. también. Los sueldos estuvieron ahí y el combustible se mantuvo. Pero el boleto no. Había que cuidar la rentabilidad del negocio no vaya a ser que se fundieran las sacrificadas Empresas prestatarias. Como se administraba como la mona el único que podía hacer que «cerraran los números» era el usuario.
Y previo al delirio de la actual gestión se terminó de armar el último desaguisado. Como estábamos en el primer mundo teníamos que tener unidades con aire acondicionado, música funcional, diario, un chofer cordial al que había que saludar (quedaba bien). Entonces aparecieron los diferenciales. Por supuesto el boleto era más caro. El doble. Esto ya no era del primer mundo. Era de los picaros de siempre. De los que trabajan para nosotros.
Pero con el tiempo desapareció la música (tenían que pagar derechos) y el diario. El aire acondicionado no funcionaba. Ya el saludo no era tan cordial. Le
siguió la frecuencia y terminó con un poste, algún pasajero y la unidad que nunca más pasó. Otra improvisación.
Ni que hablar de esa extraña aparición de remis que son taxis pero de otro color (?) que con el amparo dieron de comer a «varios». Hoy todo es igual. Verde o amarillo. No importa, lo del color es lo de menos y como no hay ómnibus todo vale. Hasta los truchos.
Y entonces llegó la actual administración.
Se tomó el toro por las astas y no se anduvieron con chiquitas: fueron a Curitiba para aprender cómo debía ser un sistema de transporte. La involucraron -en la publicidad- a la Universidad y ésta nunca lo desmintió.
De los viajes a Curitiba (que todos nosotros pagamos) se olvidaron de traer el mejor consejo del arquitecto Jaime Lerner: en su administración, los funcionarios fueron todos arquitectos. En ésta fueron todos abogados. Sin comentarios.
Entonces los fieles representantes de la frivolidad y la irresponsabilidad anunciaron el nuevo sistema: unidades chicas, unidades grandes, estaciones para transbordos, aire acondicionado, música funcional, control satelital en cada parada y boleto más barato! Reitero: boleto más barato.
Si no lo recuerdan, esto se publicó:
Los pliegos establecen que por lo menos se incorporarán unos 750 vehículos que no podrán tener más de dos años de antigüedad y deberán contar con aire acondicionado, música funcional y teléfono público.
La instrumentación de los mecanismos que reemplazarán al cospel y del sistema de seguimiento satelital de los colectivos —que permitirá conocer cuánto falta para que pase el ómnibus a través de una pantalla electrónica— estarán en manos de una de las tres empresas que ganen la licitación. (1)
Periodista: ¿Usted está seguro de que este sistema va a funcionar?
Kammerath: Esto me quitó varias noches de sueño, revisé de punta a punta este proceso de licitación y estoy absolutamente seguro de que es el camino que la ciudad tiene que tomar. La política del avestruz, de mirar para otro lado, esconder los problemas y no estar dispuesto a pagar costos ha llevado a que la ciudad no tenga los servicios que se merece. (1)
En esta disparatada gestión, para ampliar la oferta de medios de transporte, se impulsó el mateo. Cartón Lleno.
Pero no solo los funcionarios hacen lo que hacen. Por estos días un «universitario» que se postula para intendente ofrece una solución muy «académica»: que lo ilegal sea legal, que todo vehículo viene bien y que hay que armar un sistema asistemático. Pasamos del primer mundo al cuarto. Otro que trabaja para nosotros. Aunque todavía no cobre.
La ciudad de Córdoba en 1986 emitía 1.000.0000 de boletos diarios. Hoy no llega a 400.000. En el ínterin todos nuestros gobernantes y funcionarios han repetido hasta el cansancio que ellos trabajan para nosotros.
En realidad, nosotros trabajamos para ellos, y sus circunstanciales socios, amigos, parientes y amantes, y lo más grave es que no se dan cuenta!!
No recuerdo con precisión la razón de haber escrito este texto allá por Mayo de 2003/4, pero sí que estaba asociado a un pedido de una publicación que circulaba en determinados ámbitos por ese tiempo de la cual tampoco recuerdo su nombre.
MI COLUMNA EN “HABLANDO CLARO
Así se presentaba Hablando Claro en su página web.
Los columnistas que Hablaron Claro: EDUARDO ALIVERTI, ARQUIMEDES FEDERICO, HORACIO BRIGNONE, NICOLAS ALESSIO, ADRIAN VITALI, ALFREDO BLANCO, ENRIQUE LACOLLA, MANOLO LA FUENTE, GUILLERMO BORIOLLI, JAMES PETRAS, RODOLFO GHEZZI
Desde el 14 de Julio de 2004 se emitió por Radio Nacional Córdoba AM 750 los días sábados de 8 a 11 hs, hasta el mes de Diciembre de 2010 por decisión de quien conducía el medio y no por parte del creador y conductor de Hablando Claro.
¿Quién fue el creador y conductor de esté inolvidable programa periodístico?
RICARDO FONSECA
Mi participación en el mismo que cubrió los años 2008, 2009 y 2010, lo incorporo como material para esta y sucesivas Publicaciones.
La característica de mis columnas era tomar sucesos de la semana que hacían a cuestiones de la ciudad de Córdoba y que llevaba por título “La ciudad y sus consecuencias”.
En esta Publicación transcribo una parte de mis intervenciones del año 2008, reservando para la próxima Publicación otra tanda del mismo año.
Están ordenados por fecha y en forma secuencial.
SÁBADO 2008-03-15
Antes de contar para qué estoy aquí, mi agradecimiento a la posibilidad que me das de participar en tu programa.
Tu jerarquía de periodista califica mi compromiso contigo y tus oyentes.
Muchas Gracias.
En estos encuentros vamos a hablar de ciudad. Un tema que por lo general se minimiza sin advertir que ella, la ciudad también es expresión de nuestras propias conductas.
Y es sobre ello que vamos a tratar de reflexionar con la ilusión que quienes te acompañan desde el otro lado del parlante se reconozcan parte de los conflictos que esas conductas manifiestan.
Esta semana el Gobierno Municipal anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de Ordenanza teñido por el rumboso término “Concertación Público-Privada”.
Proyecto que no cae casualmente, sino que (podemos afirmar) es el broche de oro a un proceso de vieja data que se acentuó con Kammerath y perfeccionó sus mecanismos de transa con Juez.
Previo a la asunción de Juez y para actuar corporativamente los beneficiarios de este proyecto crearon la CEDUC y consolidaron un mecanismo de presión permanente que dio sus frutos: y si no recordemos expresiones de Juez días antes de culminar su mandato delante de ellos: “Hoy, podemos festejar, pero hace unos años, los vecinos se creían dueños de la ciudad y con derecho a paralizar cualquier obra” y agregó: “Córdoba se desarrolló en cuatro años gracias a los grupos desarrollistas”.
Con esas expresiones Juez dejó, irresponsablemente en claro, quiénes serían en adelante los dueños de los negocios inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Giacomino, heredero de este proceso, se pliega al mismo dando marco jurídico a lo que antes sólo conocía el otro lado del mostrador y los pasillos del ejecutivo municipal.
Y si no veamos de que se trata:
El proyecto en cuestión se centra en permitir a determinadas construcciones ir más allá de los límites que imponen las normas urbanísticas a cambio de compartir las ganancias que este plus posibilita a través de determinadas obras que aparentemente el Municipio no estaría en condiciones de financiar.
Estoy convencido que ninguna obra pública por más necesaria que sea, se puede justificar con prebendas que violan normas vigentes.
El mensaje que desde el gobierno municipal se le da a la ciudadanía es gravísimo: quien renuncia a parte de sus ganancias está autorizado a violar normas.
Ética y moralmente no tiene ningún sustento.
Para hacernos creer que con este proyecto nos ponen en la cresta de los avances urbanísticos, refieren ejemplos de concertación en ciudades como Rosario o algunas de Brasil, que a diferencia de la nuestra han ganado cierto prestigio o mejor dicho respeto internacional.
Acá quiero hacer un paréntesis: no se entiende (quizás mal asesorado) porqué Giacomino se ha subido a una incomprensible competencia con Rosario cuando es más lo que nos diferencia que lo que nos acerca.
Una es una ciudad puerto y la nuestra mediterránea. Una claramente identificada con la pampa gringa y otra que paulatinamente ha perdido identidad. Reitero: absurdo el planteo de Giacomino y que vale para un análisis más extenso en otro encuentro.
Volviendo a los ejemplos que mal utilizan.
Brasil, y con rango constitucional, tiene un instrumento que se llama El Estatuto de las Ciudades, del cual nunca escuché absolutamente nada en bocas de nuestros funcionarios.
En el Estatuto de las Ciudades la concertación es parte de una serie de definiciones que acá brillan por su ausencia, se pone énfasis en la importancia del establecimiento de nuevas relaciones entre el sector estatal, el sector privado y algo que no aparece en el proyecto en cuestión: el sector comunitario; y que deben darse dentro de un marco jurídico-político claro y previamente definido, y quizás lo más importante, incluyendo la creación de mecanismos transparentes de control fiscal y social.
Reitero: control fiscal y social.
También avanza contra la especulación que se hace con la tierra, impone impuestos progresivos, el Estado asume la responsabilidad de planificar seriamente, etc. etc.
Aspectos todos estos que de ninguna manera aparecen en el proyecto enviado al Concejo.
Por ello y en forma sintética podemos decir que esta Concertación Público Privada no es más que otra norma municipal a la medida de la CEDUC.
Sino no se entiende como tomó estado público los primeros negocios y sus beneficiarios, antes que los propios concejales tuvieran el texto para su conocimiento:
• Edisur y la Cañada,
• Roggio y el Parque Las Heras
• Ecipsa y la Costanera
• Capitalinas y su plaza.
Para ir cerrando quiero dejar algunas cuestiones:
Es opinión generalizada que los empresarios buscan ganancias y que eso los justifica.
Puede que nos quedemos con esta verdad a medias.
Pero me pregunto:
• ¿nuestros empresarios urbanos sólo tienen imaginación para el lobby?
• ¿por qué se han ganado la identidad de trabajar permanentemente al margen de la ley?
• y lo que es más grave ¿porqué nuestros funcionarios terminan siendo funcionales a sus demandas?
Puedo aseverar que conociendo el modus operandi de la CEDUC y que sería largo de enumerar, no me cabe la menor duda que lo que se acaba de presentar tiene la impronta de un proyecto salido de esa cámara.
Una última reflexión: con este perverso instrumento, cómo Giacomino pensará sostener su negativa a las intenciones de Eurnekian sobre los terrenos del ex Batallón 141.
Para terminar
Córdoba, así, sigue prolongando la década de los 90 en un largo sueño del que no se avizora pueda despertar.
Con un Gobierno Municipal increíblemente dependiente del poder central, jaqueado por el SUOEM y la CEDUC, con un sistema de transportes motivo de todas las quejas, y a esto sumado la indiferencia de un pueblo adoctrinado culturalmente en la exaltación del individualismo más perverso no permite ser esperanzador.
Ricardo, te devuelvo la palabra.
SÁBADO 2008-07-05
El sábado pasado te prometí que hoy íbamos a hablar sobre los aumentos en tasas municipales y que tuvieron su paso por una Consulta Pública.
Me voy a centrar en aquellos que hacen a la propiedad y no a la actividad o el automotor pues éstos tienen otros condimentos y me alejarían del análisis que propondré.
Saludablemente en la Consulta Pública se escucharon voces de vecinos que no cuestionaron el aumento, siempre y cuando vuelvan en obras y servicios, pero que dejaron un NO rotundo si se destinan a sueldos de personal.
Afortunadamente el Intendente coincidió con los mismos vecinos y se comprometió a emplearlos a un único fin: la obra pública.
De todas maneras, no estamos hablando de grandes sumas, sino de $5 Millones. Apenas un poco menos de 4 PESOS por habitante.
Si tenemos en cuenta que sólo la recolección de basura se lleva $15 Millones mensuales la cifra señalada se empequeñece notablemente.
Ahora bien.
Todos sabemos que el estado presente y futuro de las arcas municipales, son una preocupación mayor en nuestro Intendente y a la cual no parece encontrarle una solución sin que no le genere conflictos.
Por eso desde aquí tiro una propuesta, que sin “afectar” el bolsillo de todos, puede no solo recaudar más por sí mismo sino corregir conductas ilegales o directamente corruptas en sectores que generalmente no son los de menos recursos económicos y en la misma administración municipal:
La propuesta y que no tiene nada de novedosa es:
Gravar fuertemente las propiedades que violan el Código de Edificación.
Ya sea porque no cumplen, entre otras cuestiones con retiros, alturas y metros de más, sino que también aquellas que se construyen sin Permiso de Edificación.
O sea, las mal llamada construcciones clandestinas y que en realidad son construcciones ilegales.
Para no apartarme del tema y que será motivo de otro encuentro, no me voy a referir sobre las generosas consecuencias negativas que dejan tras de sí las construcciones ilegales.
Retomando la propuesta, el problema de las construcciones que no respetan las normas de edificación es común a casi todas las localidades de la Provincia. Por caso, los inversores prefieren construir más de lo permitido ya que, aun cuando deban pagar multas por eso, la ganancia que consiguen a nivel inmobiliario es mucho mayor.
Está claro que, si deben pagar el doble o el triple de impuestos, construir en infracción deja de ser rentable y se convierte en un producto inmobiliario poco o casi nada atractivo para el inversor o quien alquila.
Te pongo un caso concreto:
Un edificio en Nueva Córdoba que cuenta con 14 pisos de los cuales existen en infracción 10,3 m2 por piso, por haber sido ejecutados en zona de retiro, hacen una superficie total en infracción de 144 m2, quiere decir que se ganaron dos departamentos de 72m2 c/u.
Si tenemos en cuenta que 1 m2 se vende en alrededor de 1500 dólares por m2, estamos hablando de 216.000 dólares de más en la ecuación económica financiera del emprendimiento.
Este “error” significó al desarrollista de una suculenta multa que asciende a la friolera de…
Ricardo…
Arriesga un monto.
$ 300.- (ver acta N° 04061901 y liquidación de esta a Fs. 54 y 55 de las actuaciones catastrales).
Si tenemos en cuenta que entre los inmuebles en infracción (aprobados o no) y las construcciones no declaradas estamos hablando de varios millones de metros cuadrados ilegales, con este simple mecanismo aquí esbozado se puede intentar atacar los siguientes problemas:
• Mejorar la recaudación.
• Transparentar el mercado inmobiliario.
• Disminuir la corrupción municipal.
• Cambiar conductas relacionadas con el cumplimiento de la Ley.
• Encarar obras públicas.
Espero que Giacomino esté escuchando, porque desde sus asesores este tipo de iniciativas es muy difícil que encuentren algún eco favorable.
Total Unidades edilicias edificadas: 450.000
Total M2 construidos: 61.600.000
Media m2/unidad: 137 m2
SÁBADO 2008-07-12
Vos arrancaste tu editorial desde la dicotomía y la contradicción, por estos días, de la política nacional.
La ciudad, con otros actores y otros temas se refleja inexorablemente.
Y si no, repasemos algunos temas:
CONCERTACION PUBLICO-PRIVADA
CLOACAS
CIUDAD
Edisur y el Intendente han firmado el primer proyecto en el marco de esa patraña que es la Concertación Público-Privada.
Ya lo hablamos cuando se elevó al Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza y que a los pocos días fue retirado ante el inevitable rechazo. Traía mal olor.
Te listé CLOACAS.
Problema sin resolver termina siendo parte de nuestra vida cotidiana. Nos habituamos a convivir con él. Se hace carne.
En octubre del 2004 la Dirección de Redes Sanitarias y Gas emitió una resolución que en su Art. 1 disponía:
La prohibición de conexiones o reconexiones al sistema de red cloacal de todo tipo de emprendimiento edilicio, hasta tanto la Planta de Bajo Grande recupere su capacidad de tratamiento.
Han pasado 4 años.
Los cientos de edificios terminados y habitados, pregunto: ¿a dónde vuelcan sus líquidos cloacales?
En su momento la respuesta la dio Carlos Lazcano Pizarro, vocero habitual de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba:
“Todos los edificios nuevos se conectan a las cloacas…nunca se prohibió”
Como vemos sigue el mal olor y viene de los mismos actores.
Te hablé también de CIUDAD.
Ciudades dentro de la ciudad, barrios que funcionan como ciudad. Portales de ingreso, mansiones y casitas de colores. Tejidos de alambre y cordones policiales. Seguridad privada e inseguridad pública. El mapa de Córdoba se desgrana como un alfajor de maicena.
Sus bisagras oxidadas se reemplazan por concreto, por muros y enormes distancias. Distancias que se ven y se sienten, distancias que se vuelven palpables y distancias que se explican naturales. Córdoba planifica el desencuentro.
Con sus más de 400 barrios, la ciudad va tomando la forma de un archipiélago de islas con recursos y oportunidades muy diferentes que va diluyendo poco a poco cualquier idea de integración de las partes. Al ritmo de los miedos y del negocio inmobiliario, Córdoba va mutando con asombrosa velocidad y son cada vez más los habitantes que pueden vivir en ella prácticamente sin ninguna conexión.
Como un derrame de aceite, la ciudad se expande incansablemente hacia fuera, y esa mancha urbana nos devuelve una imagen reveladora: Córdoba crece fundando poblaciones cerradas, social y económicamente cada vez más iguales, cada vez más homogéneas. La ciudad engorda a fuerza de viviendas subsidiadas, por una parte, y de urbanizaciones privadas, por otra.
Se dice que la forma de la ciudad funciona como un espejo que devuelve a quien la mire el reflejo de su orden social. Como una huella dactilar, como un análisis de ADN.
No es exagerado hablar de un naciente camino a la ghetización en el sentido de la multiplicación de espacios cerrados y socioeconómicamente homogéneos. Este proceso, que es a la vez un proceso urbano, económico, político, cultural e incluso estético, tiene como una de sus características esenciales la conformación de ciudades-dentro-de-la-ciudad o lo que Loic Wacquant llama la ghetización de la ciudad.
En esta enorme sala de operaciones, que es la ciudad, los cirujanos trabajan con el implacable bisturí que traza los límites sociales en el espacio y en las conciencias. A la salida del quirófano, cada uno podrá saber su lugar de pertenencia como sub ciudadano.
Quién sabe, el código postal y el documento de identidad sean tal vez intercambiables en el «mundo feliz» imaginado por esa mezcla de complicidad política y empresas inmobiliarias que se autoproclaman «desarrolladores urbanos».
Si la desigualdad ya no es un tema de la agenda, entonces conviene planificar el desencuentro. Tal vez pronto, esto también será tristemente natural.
Esto que acabo de leer, por supuesto no es mío.
Es de Mariano Barbieri, Lic. en sociología, colaborador junto a Carolina Marengo y Omar Paris del ciclo denominado “Ciudad en Construcción”’ organizado por el Centro Cultural España Córdoba y que el suplemento TEMAS del domingo pasado de La Voz del Interior nos ofreció una buena síntesis sobre lo que hasta acá se ha expuesto y recomiendo leer.
Nicolás García Uriburu, Jorge Mario Jáuregui, Ezequiel Black + Máximo Jacoboy y Joaquín Sabaté han jerarquizado el ciclo.
Queda una última conferencia (24 de Julio a las 19:30), está reservado para el matemático Sergio Fajardo Valderrama, ex alcalde de Medellín.
SÁBADO 2008-07-19
“No poner precio a la infracción”.
“De ahora en más, no se aprobará ninguna edificación que viole la normativa vigente”
“Esta mentalidad le ha hecho mucho daño a la ciudad, por eso estamos estudiando de qué manera podemos instrumentar un plan para terminar con esta concepción”
¿Te suena?
Esta es la consigna con la que la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad se prepara para lanzar un megaplan para sumar al padrón de contribuyentes unas 30 mil viviendas que actualmente no aportan al fisco.
El acelerador tiene una razón de fondo: en el municipio hay muy pocos fondos. Hoy y mañana también.
Ya sabemos cómo le va a un gobernante en estas condiciones.
Me detengo un poco en este tema porque en algún momento te hice notar, desde una lectura no especializada o técnica, que el presupuesto aprobado para el 2008 presentaba con relación a la recaudación proyectada algunos números que poco tenían que ver con años anteriores.
Me refiero a las tasas a la propiedad y a las de Comercio, Industria y Servicios.
Estos dos rubros venían recaudando en conjunto unos 330 M. El actual presupuesto prevé 480 M, o sea 150 M más.
La pregunta es de dónde salen.
Con este panorama y cumpliendo con algún adelanto del Ejecutivo para el segundo semestre, se comenzó por retocar alícuotas.
Pero, dentro de estos retoques y como hay que tratar de rascar donde sea para juntar algunos pesos; el Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente Daniel Rey (empleado de planta y funcionario en una tercera gestión) tocó algo de lo que sabe bastante:
Las obras en infracción.
Tema que, en la municipalidad, empleados y funcionarios, actuales o anteriores, por acción u omisión, mucho tienen que ver.
Quiero recordar que Martí, en oportunidad de la modificación del Código de Edificación, incorporó tenuemente el concepto de tasa diferenciada para la construcción en infracción, pero no pasó de allí. La “concertación público- privada” pudo más.
El Megaplan anunciado habla:
De que el objetivo es sumar al padrón de contribuyentes unas 30 mil viviendas que actualmente no aportan al fisco por no poseer el título de propiedad. En general, se trata de propiedades que no poseen el certificado final de obra, debido a que se encuentran en infracción al Código de Edificación vigente. La lista está integrada en buena medida por PH (propiedad horizontal) y viviendas en barrios cerrados y countries.
Como vemos, el segmento de los “negocios inmobiliarios” o, en otras palabras, el de los “depredadores urbanos”.
“No es lo mismo el propietario de un departamento, adquirido de buena fe, en un edificio que está en infracción, que el dueño de una casa de 500 metros que sin ningún motivo decidió construir lo que no estaba permitido por la ley” expresó Rey.
De esta forma nos preocupamos de la buena fe y ocultamos la mala fe.
Rey sabe que un edificio de departamento o una casa de 500 metros cubiertos no se hace con la buena voluntad del propietario y de Juan, el albañil “que me recomendaron”
Rey sabe que estas construcciones tienen indefectiblemente la participación de profesionales y empresas constructoras y que hay un Código Civil y un Código Penal al respecto. O más acá varias entidades de defensa del consumidor.
En el caso de los edificios, tampoco debemos olvidar la activa e “iluminada” participación de las más renombradas inmobiliarias de Córdoba.
Mira Ricardo, si hay delitos del que no se pueden eliminar pruebas, es en el rubro de la construcción. Delitos que la mayoría de las veces están a la vista.
Por lo tanto, el comprador de buena fe como el mismo Municipio tienen suficientes herramientas como para demandar a profesionales, empresas constructoras e inmobiliarias.
Rey, por un lado, premia a los infractores y por el otro, y acá viene lo importante: torpemente termina transparentando las conductas con que se mueven en el mercado inmobiliario cordobés.
Pero este funcionario, avanza sorpresivamente en sus declaraciones y expresa que el objetivo es erradicar la idea instalada en la gente que es posible infringir el Código de Edificación si se está dispuesto luego a pagar la multa correspondiente.
Se olvidó decir que desde el Municipio es Política de Estado alentar y propiciar estas conductas que naturalmente están motivadas por pingües negocios inmobiliarios encuadrables con mucho de corrupción y de los que Rey conoce al detalle.
Por caso: Cañada Honda-Edisur-Parga-Kammerath-Juez o la Ordenanza 11170-Juez-Rosa Harari-Ceduc.
Si recuerdas, hace dos sábados te comenté el caso testigo de un edificio en Nueva Córdoba que se excedió en la superficie equivalente a dos departamentos y el Municipio lo multó con 300 pesos.
Para ir cerrando.
La necesidad de caja pone al descubierto, como dije antes, la convivencia entre los principales actores de los negocios inmobiliarios y funcionarios y empleados municipales.
El nunca más de Rey, pretende, subido a la tribuna del que “no tengo nada que ver”, hacerlo desde la impunidad del olvido y el perdón.
Y todo, sin ponerse colorado.
SÁBADO 2008-07-26
En la Ciudad de los Negocios, que ha convertido a su espacio público y a sus infraestructuras públicas en objeto de negocio, hay un componente que despierta en los “depredadores urbanos” apetitos contradictorios:
Es el patrimonio.
Porqué te digo apetitos contradictorios.
Porque en un primer acercamiento se detienen en su encanto y una vez que lo seducen, arteramente terminan violándolo.
Es el caso del Cerro de las Rosas.
Hoy me voy a ocupar en enunciar el problema y dejo para otro encuentro las posibles causas, diferenciando el barrio de la avenida Rafael Núñez, pues son dos ámbitos con características y problemáticas propias.
El barrio es el ámbito donde se produce el cruce entre el espacio público de la calle y el espacio privado de la casa, es el ámbito en el cual los individuos se sienten pertenecientes y se identifican con él.
En la Ciudad, que es un colectivo de barrios, sus lugares, el paisaje, y los usos sociales, junto a su arquitectura, representan su valor testimonial, de un tiempo y de una cultura que van construyendo su patrimonio.
No me voy a explayar sobre el valor que tiene la conservación del patrimonio de la ciudad desde lo cultural, económico y social y que posibilita jerarquizar actividades como el turismo o fortalecer aspectos como la pertenencia o la identidad, pues sería redundar sobre algo que se ha escrito y dicho en demasía.
Tampoco voy a desconocer que en nuestra cultura dichos valores están en franco retroceso, porque se ha contribuido fuertemente en priorizar, a cualquier precio, la defensa de lo individual, caracterizada por el enriquecimiento fácil, la frivolidad, la tilinguería y las siliconas.
El barrio Cerro de las Rosas es un referente obligado en el imaginario urbano de la ciudad de Córdoba, tanto dentro de la misma como fuera de ella.
Mérito que alcanzan otros barrios como Fisherton en Rosario, Los Troncos en Mar del Plata o Palermo, La Boca, San Telmo, Barrio Norte en la ciudad de Buenos Aires, por traer algunos ejemplos.
Expresiones como “tradicional”, “coqueto barrio residencial”, “uno de los más bellos”. “calidad de vida”, “la arquitectura de sus casas”, etc. pueblan datos oficiales y privados cuando quieren destacar la calidad patrimonial urbana que aún el Cerro de las Rosas posee y que termina, naturalmente, diferenciándolo de otros barrios cordobeses que también gozan de características y particularidad propias.
Pero este reconocimiento, termina como un “búmeran” valiendo para justificar cualquier tipo de intervención, que curiosamente abona una lenta, inexorable y casi premonitoria desaparición de tal “preciado” patrimonio urbano ante los ojos de todos aquellos que tienen algo que ver con su conservación e inevitable recuperación (vecinos, funcionarios, políticos, profesionales, instituciones, etc.).
La proliferación de sedes de empresas, edificios para oficinas, un sinnúmero de centros de estética, veterinarias, bares, inmobiliarias, entre otros injertos, han ido desalojando el barrio para entrar en un proceso particularmente caótico.
Pero si tu memoria guarda alguna imagen que individualiza y diferencia al Cerro de las Rosas, deberás volver sobre ella, caminar sus calles interiores, lidiar con el tránsito vehicular, chocar con una arquitectura inexpresiva, atemporal y sin identidad y comprender que además de nuestros distinguidos depredadores urbanos, un acelerado proceso de mutación genética está disparando nuevas especies de “depredadores” urbanos que travestidos de arquitectos, corredores inmobiliarios, emprendedores u alguna expresión idiomática de importación, vienen avanzando desde Nueva Córdoba con el apetito conquistador que caracteriza a los bárbaros.
Conquista que lo único que alimentará será el patrimonio de la memoria y que, en una cultura en retroceso, culmina en el olvido.
La lección no se aprende.
La actual normativa urbana carece de tratamiento en el tema del patrimonio urbano a escala de barrios, quizás producto de la escaza fortaleza intelectual de nuestros funcionarios políticos y la frágil defensa de sus responsabilidades ante la presión de quienes han convertido a nuestra ciudad en el fin de sus negocios.
Primero fue Nueva Córdoba, después el verborrágico señaló a General Paz, hoy es el Cerro de las Rosas…
Para terminar, me quedo con unas palabras de CESAR PELLI: “Cada ciudad debe tener su propio carácter definido y los arquitectos deben tomar en cuenta ese carácter propio cuando proyectan obras. Deben pensar en quienes habitarán esos edificios, meditar sobre si realzarán los barrios donde se elevará la obra, si mejorará la calidad de vida de quienes habiten allí.”

ARQUIMEDES FEDERICO